Comercio exterior bajo nuevas reglas: implicaciones de la Reforma Aduanera
La iniciativa de reforma a la Ley Aduanera marca un cambio significativo en el modelo de fiscalización aplicado al comercio exterior en México.
Más allá de un ajuste legal, se trata de un rediseño operativo que busca consolidar la recaudación a través de la modernización y digitalización de procesos.
En este blog abordamos el objetivo de la reforma, los alcances de la propuesta y los retos que enfrentan las empresas, desde el análisis de los especialistas de Gran Thornton, Rafael Rubí, office managing partner Tijuana, e Irán Uribe, gerente de Comercio Exterior.
Objetivo de la reforma, fiscalización electrónica y modernización de aduanas
Los especialistas señalan que el punto de partida es claro: mientras que los grandes contribuyentes ya fueron controlados con medidas de fiscalización y negociaciones que limitaron prácticas fiscales agresivas, la nueva reforma aduanera busca ampliar la vigilancia sobre las operaciones de comercio exterior.
El objetivo oficial es combatir la evasión, la subvaluación y el contrabando, pero con un enfoque recaudatorio que responde a las necesidades del gobierno.
Para lograrlo, la estrategia central será la fiscalización electrónica. El uso de big data, matrices de riesgo e inteligencia artificial permitirá al SAT seleccionar operaciones de mayor relevancia y enfocar sus auditorías en los puntos críticos.
Esta transformación no solo impacta la primera línea de revisión en aduanas, sino también las segundas y terceras, lo que amplía el alcance de la vigilancia. La modernización de las 50 aduanas del país se articula bajo esta lógica.
El acceso masivo a información, como ocurrió con el apartado C del Anexo 24, es un ejemplo de cómo la autoridad ya puede detectar inconsistencias en tiempo real y generar alertas inmediatas en el buzón tributario de las empresas.
Rafael Rubí señala que este precedente confirma que la digitalización no es una meta a futuro, sino una práctica ya en marcha.
La relevancia de los expedientes electrónicos
En este contexto, los expedientes electrónicos se convierten en la primera línea de defensa para las empresas.
La reforma establece que deben integrar CFDI, facturas comerciales, contratos, transferencias, seguros y documentos de transporte, además de cualquier otro comprobante que la autoridad considere necesario. La finalidad es demostrar la materialidad de cada operación.
La falta de integración completa de estos expedientes puede derivar en multas, suspensión de certificaciones o incluso pérdida de programas de apoyo.
Por ello, los especialistas recomiendan que las compañías mantengan su documentación actualizada y organizada, para evitar riesgos que pueden acumularse con el tiempo y convertirse en sanciones de gran impacto.
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Fiscalización a maquiladoras e IMMEX
De la mano con esta nueva normativa, las empresas IMMEX enfrentarán una supervisión más estricta.
La reforma exige trazabilidad total de las mercancías: cada producto importado debe comprobar su transformación y exportación. Si no se logra acreditar el destino final, la autoridad aplicará multas y podría cancelar el programa.
Este punto es especialmente sensible para el sector maquilador, que históricamente ha sido motor de exportaciones.
Sin embargo, los abusos detectados en algunos casos han motivado un endurecimiento de las reglas, lo que obliga a las empresas a reforzar sus controles internos para no verse afectadas.
Agentes aduanales: corresponsabilidad y nuevas reglas
El papel de los agentes aduanales también cambia de manera significativa. Con la reforma, sus patentes tendrán una vigencia de 10 años y deberán someterse a evaluaciones periódicas cada dos años.
Además, se elimina el carácter casi exclusivo de “auxiliares” en las operaciones, para convertirlos en corresponsables solidarios.
Esto significa que tendrán la obligación de reportar en tiempo real cualquier incumplimiento detectado y además, si las empresas no cumplen con el pago de obligaciones tributarias, ellos deberán hacerlo.
La medida busca reducir errores y omisiones que anteriormente quedaban sin sanción para los agentes, pero que ahora tendrán un impacto directo en su responsabilidad profesional.
Empresas certificadas y recintos fiscales estratégicos
Otro aspecto relevante se relaciona con las empresas certificadas y los recintos fiscales estratégicos.
En el caso de los Operadores Económicos Autorizados (OEA), se amplían los requisitos para otorgar la certificación y, de manera paralela, se incrementan las facultades de la autoridad para cancelarla. Esto implica que cualquier incumplimiento previo de representantes legales o accionistas puede ser suficiente para rechazar una solicitud.
Por su parte, los recintos fiscales estratégicos estarán sujetos a nuevas obligaciones como la instalación de candados electrónicos, sistemas de biovigilancia y la supervisión remota de inventarios por parte de la autoridad. Estas medidas buscan evitar el abandono de mercancías y asegurar un control más estricto de los bienes que ingresan y salen de dichos espacios.
Multas más severas y facultades ampliadas
El fortalecimiento de la fiscalización también se refleja en las sanciones. Las multas podrán alcanzar entre el 250 % y el 350 % del valor comercial de la mercancía, lo que representa un riesgo elevado para quienes no cumplan con las disposiciones.
Asimismo, la autoridad contará con mayores facultades de embargo precautorio, lo que refuerza su capacidad de acción inmediata frente a irregularidades.
En este punto, el papel conjunto del SAT y la ANAM será fundamental. Mientras el primero consolida su función como cabeza tributaria, la segunda se perfila como un organismo especializado en comercio exterior, con facultades cada vez más amplias para auditar y sancionar.
Recomendaciones para enfrentar el nuevo entorno
Frente a este panorama, los especialistas recomiendan que las empresas realicen auditorías preventivas para identificar riesgos antes de una revisión oficial.
Asimismo, deben fortalecer el control del Anexo 24, mantener actualizados sus saldos y asegurar que la información refleje con precisión las operaciones realizadas.
Otra medida clave es contar con asesoría externa especializada. Aunque no necesariamente de manera permanente, la verificación periódica de un tercero puede aportar claridad, detectar errores y generar planes de acción que fortalezcan el cumplimiento.
En última instancia, la reforma es también una oportunidad para establecer manuales de buenas prácticas que profesionalicen las áreas de comercio exterior.
La reforma aduanera implica un endurecimiento de la fiscalización y un rediseño del marco operativo del comercio exterior en México.
Su enfoque recaudatorio, sustentado en tecnología, inteligencia artificial y corresponsabilidad de los actores involucrados, transforma de manera profunda la dinámica empresarial en este ámbito.
Las compañías deberán prepararse con controles internos sólidos, auditorías preventivas y apoyo especializado para enfrentar los retos que se avecinan.
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