Nuevas reglas aduaneras y su efecto en las operaciones de importación
Los recientes cambios en materia de comercio exterior en México introdujeron nuevas obligaciones para importadores y actores clave de la cadena logística, en un contexto marcado por modificaciones a la Ley Aduanera, la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación (LIGIE) y las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE).
Estas disposiciones impactan directamente la determinación de contribuciones, la responsabilidad solidaria de los agentes aduanales, la materialidad de las operaciones y la documentación que respalda las importaciones y exportaciones.
Cambios arancelarios y recomendaciones
Durante el evento Nuevos aranceles: ¿Cómo analizar y mitigar su impacto?, el Lic. Manuel Muñiz, socio de comercio exterior en Deloitte, explicó que el gobierno federal modificó la TIGIE, incorporando nuevas tasas y elevando algunas existentes a 1,463 fracciones arancelarias correspondientes a productos originarios de países con los que México no sostiene un tratado de libre comercio. Estas medidas afectaron a diversas industrias, entre ellas la de calzado, textil, automotriz, juguetes, plásticos y electrónicos.
Ante este incremento, las empresas deben comenzar por identificar con precisión el impacto real en sus operaciones, considerando fracción arancelaria, origen de la mercancía y el efecto directo en el pago de contribuciones. Este análisis resulta indispensable para dimensionar el incremento en costos y su efecto en la operación diaria.
Asimismo, es importante revisar la clasificación arancelaria y la documentación que respalda cada operación, ya que inconsistencias en descripciones, valores o fracciones pueden generar contingencias adicionales en un entorno de mayor fiscalización. En este sentido, el especialista enfatizó que la correcta integración de expedientes cobra mayor relevancia ante la ampliación de la responsabilidad solidaria del agente aduanal.
También, la prevención resulta clave, pues revisar procesos, documentación y esquemas operativos antes de enfrentar actos de fiscalización reduce riesgos y mitiga los efectos económicos derivados de los cambios regulatorios.
Reforma a la Ley Aduanera y el rol del agente aduanal
Por otro lado, las modificaciones a la Ley Aduanera redefinieron el papel del agente aduanal. La Lic. Paola Navarro, socia de comercio exterior en Deloitte, comentó que este, además de participar en el despacho de mercancías, ahora debe verificar que la documentación que respalda las operaciones sea verídica, correcta y congruente con la realidad operativa del importador.
Este cambio amplió el alcance de la responsabilidad solidaria, que dejó de limitarse a la declaración para abarcar también la determinación y el pago de las contribuciones.
Bajo este nuevo esquema, el agente aduanal debe contar con mayores elementos de verificación, lo que implica una relación más estrecha con el importador y un intercambio constante de información. Señaló que las empresas, por su parte, deben fortalecer sus procesos internos y asegurar que la documentación proporcionada sea completa y consistente.
Documentación probatoria y clasificación arancelaria
Uno de los principales retos derivados de la reforma es la necesidad de contar con documentación probatoria suficiente para respaldar cada operación. Facturas, órdenes de compra, contratos, Incoterms, comprobantes de pago y elementos relacionados con la clasificación arancelaria deben reflejar con precisión la operación realizada.
La correcta clasificación arancelaria cobra mayor relevancia, ya que diferencias en descripciones de mercancías o el uso de fracciones incorrectas pueden derivar en contingencias fiscales.
En este contexto, la coordinación entre importadores y agentes aduanales se vuelve indispensable para revisar procedimientos y corregir inconsistencias.
La Manifestación de Valor Electrónica
La obligación de transmitir la Manifestación de Valor de forma electrónica por cada operación entró en vigor el 9 de diciembre de 2025. Sin embargo, se implementó un periodo de transición que se extiende al 31 de marzo de 2026 en el que las empresas aún pueden presentar el formato físico. Posterior a esta fecha, únicamente será posible presentar el documento de manera electrónica a través de VUCEM.
Este nuevo formato amplió los campos de información requeridos y exige que cada dato esté debidamente sustentado con documentación probatoria.
La Manifestación de Valor Electrónica implica analizar contratos, términos de compraventa, gastos incrementables, seguros y elementos que integran el valor en aduana.
Para las empresas, esto representa la necesidad de identificar sus flujos de importación, entender cómo se determina el valor declarado y establecer procesos que permitan cumplir de manera sistemática con esta obligación.
La materialidad de las operaciones de comercio exterior
Otro eje central de los cambios regulatorios es la exigencia de demostrar la materialidad de las operaciones de comercio exterior. Navarro explicó que las autoridades ampliaron la lista de documentos que deben integrar el expediente para esta comprobación, incluyendo contratos, CFDI, comprobantes de pago, títulos de uso de inmuebles, información sobre maquinaria, personal involucrado y evidencia de trazabilidad de las mercancías.
Esta obligación aplica tanto a operaciones definitivas como temporales, incluidas las operaciones virtuales, las cuales se encuentran bajo un mayor nivel de escrutinio.
La materialidad busca acreditar que las operaciones cuenten con sustento real y que las mercancías sigan una trazabilidad congruente con la actividad declarada por la empresa.
Coordinación interna y gestión del riesgo
Ante este escenario, las empresas deben identificar qué áreas tienen la información necesaria para cumplir con las diferentes obligaciones para este año, integrar los expedientes requeridos y establecer mecanismos de coordinación interna.
Muñiz afirmó que la gestión del cumplimiento deja de ser una tarea exclusiva del área de comercio exterior y se convierte en un esfuerzo transversal que involucra a distintas áreas de la organización y, en algunos casos, a corporativos en el extranjero.
“Pero entonces voy a tener que indagar. Y aquí es donde yo les digo, no traten de contener el problema ustedes. Necesitan hacer las preguntas correctas a las personas correctas para poder sacar las respuestas y tener el soporte y la evidencia”, afirmó.
El impacto de los aranceles y el uso de tecnología.
Por su parte, Lorena Beltrán, directora de I-Xport, señaló que el incremento de los aranceles y las nuevas obligaciones en comercio exterior no deben analizarse únicamente como un ajuste legal, sino como un factor que impacta de manera directa en los costos, márgenes, controles internos y la carga administrativa de las empresas.
En este contexto, aunque se mantengan los mismos volúmenes de importación, los costos estructurales se incrementan, lo que tiene efectos en la planeación financiera, en los presupuestos y en rubros como los créditos de IVA vinculados al Anexo 30. Este escenario obliga a medir, controlar y automatizar los procesos relacionados con comercio exterior para mitigar el impacto económico.
Ante ello, destacó que ya no es viable gestionar estas obligaciones de manera manual o mediante herramientas básicas, debido al volumen de información y al margen de error que esto implica.
Las empresas requieren despachos de comercio exterior que aporten una visión integral y experiencia acumulada, así como socios tecnológicos que permitan analizar, procesar y controlar la información de forma más eficiente.
Si deseas obtener más información, puedes ver el video con las explicaciones de los especialistas a continuación.